Decidir es un derecho

El 28 de setiembre se conmemora el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, dado que la mayoría de los países latinoamericanos tienen legislaciones restrictivas de los derechos de las mujeres a decidir sobre sus vidas y sus cuerpos, las cuales afectan principalmente a las mujeres de más bajos recursos.

El 2007, México dio un gran salto hacia la justicia social cuando se logró la despenalización del aborto y el acceso libre y gratuito al mismo en casos de violación, cuando la vida o salud de la mujer está en peligro, en casos de malformaciones graves, por razones de pobreza y mientras se realice dentro de las doces primeras semanas de embarazo.

Este logro que sincera un problema de salud gravísimo, se aprobó en la Ciudad de México y tuvo una dramática secuela de reformas estatales en las que se cambió la legislación vigente para reconocer “el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural”, en diecisiete estados del país: Baja California, Morelos, Jalisco, Sonora, Puebla, Colima, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Guanajuato, Campeche, San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas (así también Chihuahua ya previamente).

Esta situación creó un panorama contradictorio pues si bien el avance era patente en la capital, en los estados se vivió un clima de franco retroceso, lo que generó más centralismo pues miles de mujeres viajaron hasta el Distrito Federal para practicarse abortos legales que en sus ciudades estaban penalizados, limitando el acceso para quienes podían afrontar ese gasto o ese tiempo. Se han formado colectivos que apoyan a las mujeres que necesitan un aborto seguro, sea para que se lo practiquen en sus propias casas o para que accedan a los servicios que se dan de manera gratuita en la capital, como el Fondo María, por mencionar solo uno; pero los retrocesos federales restringen el gesto democrático que se obtuvo históricamente el 2007.

Las iniciativas que modificaron las leyes federales no pueden contradecir la Constitución nacional, que debe ser la guía y la ley primordial del Estado. Las leyes federales no tienen la facultad para definir un nuevo concepto de persona jurídica, se trata de un hecho anticonstitucional y anti laico. En los hechos estas reformas restringen la libertad reproductiva y criminalizan a las mujeres que se practican un aborto, aún en casos de violación, también resultan restrictivas para la utilización de métodos anticonceptivos, la anticoncepción de emergencia y para prácticas como la reproducción asistida. Es decir, afectan no sólo a aquellas mujeres que no quieren ser madres sino incluso a quienes desean serlo. Además obstaculizan el cumplimiento de los compromisos adoptados por el Estado Mexicano en materia de derecho a la salud y una vida libre de violencia.

La Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, ministros y otras instituciones han presentado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los casos de inconstitucionalidad para que las reformas federales se anulen. Esta semana la discusión acerca de las acciones de inconstitucionalidad respecto a las reformas que penalizan el aborto en San Luis Potosí y Baja California se debatieron en la Suprema Corte. A pesar de que expertas, activistas y grupos diversos se han manifestado desde hace meses en defensa de los derechos de las mujeres en este área, se desplegaron fuertes presiones para que la Corte avale las reformas que en esos y otros 15 estados restringen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de hecho violan nuestros derechos humanos. Grupos con muchos recursos han publicado desplegados y promovido el envío de cartas masivas a los ministros

Si bien existía una inclinación de la Suprema Corte a declarar inconstitucional proteger la vida prenatal toda vez que se vulnera la dignidad de las mujeres y sus derechos fundamentales, en particular reproductivos y a la salud, la coyuntura ayudó a que los núcleos de poder, especialmente aquellos movidos por creencias religiosas que buscan condenar a las mujeres a una maternidad no deseada y legislar sobre sus cuerpos, utilizaran sus influencias para revertir lo avanzado en esta materia. Y es lamentable saber que se declaró la nulidad de las acusaciones de inconstitucionalidad.

En el Perú el aborto está penalizado en todas sus formas y el único aborto legal, que es el terapéutico, aquel permitido por estar en riesgo la salud de la mujer, no se cumple en ninguno de los centros de salud del país, en parte por la nefasta influencia que los “políticos con sotana” tienen, a pesar de algunas iniciativas desde el Ministerio de Salud por implementar un protocolo de salud para dichos casos; a pesar de que nuestro Estado se declara libre, soberano y laico.

Son preocupantes las cifras que informan que el 60% de los embarazos en el país fueron no deseados, y que más de la mitad (35%) terminan en abortos clandestinos , con grave riesgo para la salud de las mujeres (1). Muchas de las mujeres que quieren ser madres y se acercan a los servicios de salud para dar a luz encuentran las camas ocupadas por mujeres que llegan en estado grave por abortos mal practicados, que pudieron evitarse si se afronta el problema con seriedad y democracia y si se brindaran servicios de calidad para las mujeres, una educación sexual eficiente, acceso a medios anticonceptivos de garantía y la distribución de la píldora del día siguiente, como ha recomendado el Comité de Derechos Humanos. Dar la espalda a este problema es seguir condenando a las mujeres a la marginación, al sufrimiento, a la desigualdad y a la muerte.

Dejemos de permitir que mujeres, niñas, adolescentes, adultas, sigan muriendo por causas fácilmente superables, porque el Estado y posiciones religiosas que no reconocen el libre albedrío les impide ejercer su derecho. ¡Porque decidir es un derecho, decidir no es un delito!

(1). Boletín Informativo. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. 28 de setiembre 2011.